Copyright © 2013 2023 Jurídicos Penales. 48 A excepción de los departamentos de Arequipa, Ica, Junín, Huánuco, San Martín, Madre de Dios y Áncash, y en el caso de las personas menores de catorce años, así como las personas en grupos de riesgo como los adultos mayores de sesenta y cinco años y los que presenten comorbilidades, conforme lo determina la Autoridad Sanitaria Nacional (cuarentena focalizada). En ese sentido, en la eventualidad de que la imputación solo por el primer hecho quede confirmada, la pena máxima que se puede imponer sería la de siete años, conforme con el requerimiento fiscal. 32 De acuerdo con los lineamientos sectoriales que serán emitidos por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones a fin de señalar la fecha de reinicio, zonas permitidas, disposiciones obligatorias, recomendaciones, entre otros aspectos necesarios para la prestación de tales servicios, previa opinión favorable del Ministerio de Salud. 2.3. "(…) la motivación resolutoria salvaguarda al justiciable frente a la arbitrariedad judicial, toda vez, que "garantiza que las resoluciones judiciales no se encuentren justificadas en el mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se deriven del caso" (Cfr. El Decreto Supremo N.° 116-2020- PCM, amplió el estado de emergencia de modo parcial en el país, desde el primero de julio hasta el treinta y uno de julio de dos mil veinte36. QUINCUAGÉSIMO QUINTO. Se ofreció como sustento los certificados médicos legales números 000083-PF-HC, 000084-PF-HC y 0000085-SA, todas de fecha veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete. endobj
La doctrina distingue tres sentidos: uno fuerte, como el poder de elegir entre dos o más alternativamente legitimas o razonables, referido a la ausencia de vinculación por estándares impuestos por la autoridad, en la resolución o decisión de algún problema, aunque precisa que esto no equivale a libertad sin límites, pues en tales casos podrá recurrir a normas de sensatez y justicia[13]un segundo sentido débil, como la facultad de encuadrar el caso en el supuesto normativo pertinente, e interpretar la norma jurídica aplicable dentro de la única solución legitima encontrada. Con relación a estos certificados médicos legales y los documentos médicos evaluados por el médico legista, constituyen anexos de la denuncia formulada por el procesado Orella Rengifo el trece de julio de dos mil dieciocho por el delito de exposición de peligro a persona dependiente en su agravio, denuncia en la que puso de manifiesto la necesidad de que se le traslade a otro establecimiento penitenciario. La pena es una de las características más ancestrales de una sociedad, así se habla por ejemplo del castigo de Prometeo por engañar a Zeus[1]o mejor aun en el pasaje bíblico, del castigo a Adán y Eva por haber desobedecido a su creador, desde tiempos inmemoriales se hablaba de penas como castigos divinos o privados –Ley del Talión-, seria utópico o imposible pensar una sociedad sin orden coercitivo estatal, que mejor lo grafica Maurach "una comunidad que renunciara a su imperio penal, renunciaría así mismo", es así mediante el cual la sociedad con sus órganos de control –control social formal- y con fines de autosubsistencia social, norma la aplicación de un castigo -pena- a la presencia de una conducta punible. Agrega que, según el Informe sobre la diabetes de la Organización Mundial de la Salud, esta es una enfermedad crónica grave. Prisión preventiva. ��ȝ.JH_\B:��swh�Z=��çfˬ"�K$Ϟ� H/��^��Rb�`��q�!�-i떴"�wϺ� ���������?���֛����b�� 4Te %����
879, Oficinas 504 - 506, Cercado de Lima (Perú). Cinco días después, el quince de marzo de dos mil veinte, con base en el inciso 1, artículo 137, de la Constitución Política, el mandatario, con acuerdo del Consejo de Ministros, mediante Decreto Supremo N.º 044-2020- PCM, declaró el estado de emergencia en todo el país por quince días a partir del dieciséis del citado mes, y se dispuso el aislamiento social obligatorio (cuarentena), con base en el supuesto habilitante de graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del brote del Covid-19, el mismo que ha sido objeto de sucesivas prórrogas35. Para contactarnos, puede llamar a nuestro número telefónico o llenar el formulario. Es decir que en su caso, no hubo lectura del fallo condenatorio en los términos del inciso 5, artículo 399, del CPP, que prescribe: “Leído el fallo condenatorio, si el acusado está en libertad, el juez podrá disponer la prisión preventiva cuando haya bases para estimar razonablemente que no se someterá a la ejecución una vez firme la sentencia”. Encontrándose el proceso en esta Suprema Sala, Orellana Rengifo presentó la solicitud ya referida a la Sala Penal Especial, que la remitió a la Mesa de Partes Única de las Salas Penales de esta Suprema Corte, con base en el inciso 2, artículo 418, del CPP concordante con el Acuerdo Plenario N.° 10- 2009/CJ-116. En el caso del procesado Orellana Rengifo, se indicó que dicha diabetes es de tipo II (conocida anteriormente por diabetes no insulinodependiente o de inicio en la edad adulta). Resolución Administrativa Nº 321-2011-P-PJ,8/09/2011. Fue ratificada el 13 de setiembre de 1982. 26 En agravio del Estado, representado por la SBS. 1 Recibido en Mesa de Partes de esta Sala Penal de la Corte Suprema, el 21 de mayo de 2020. 6.4. Por tanto, corresponde evaluar la petición dentro del supuesto excepcional del artículo 3, incisos b), c) y d), referidos a los grupos de riesgo al COVID-19 según las disposiciones del Ministerio de Salud; el riesgo a la vida y la afectación a la salud por el riesgo de contagio y propagación del COVID-19 al interior del penal de Challaplca; y las medidas limitativas a la libertad de tránsito dentro de los marcos del estado de emergencia nacional y sanitaria. 54. En el segundo paso, el personal de salud contratado por el INPE capacitará a los internos de cada comité sobre las medidas de protección, manejo de termómetros, hábitos higiénicos (lavado de manos, limpieza y disposición de ambientes), síntomas y signos de alarma. Disponible en: – Asma moderada o grave D. Otro factor será si el interno procesado está por cumplir el plazo de prisión preventiva o si ya se encuentra bajo la prolongación de prisión preventiva. De lo contrario, el Tribunal Constitucional, en el Expediente N.° 05436-2014- PHC/TC, no habría declarado el estado de cosas inconstitucional en el sistema penitenciario. Prisión preventiva: presupuestos y requisitos. La Tercera Sala Penal Especial de la Corte Superior de Justicia Lima, el dos mil diecinueve, lo condenó conjuntamente con su cosentenciado Luis Guillermo Arellano Martínez, a la pena privativa de libertad de seis años. ¿O las partes procesales tendrán que deducir de toda la motivación de la resolución?, cuestión que no compartimos, ya que sobre un tema de gran preeminencia es necesario un pronunciamiento especial, la omisión crearía un estado de indefensión en las partes, y que al momento de impugnar no se tendrá en claro sobre qué base recurrir y ejercer el derecho de defensa adecuada. Proscribiendo de esa manera la arbitrariedad, Por lo tanto, manera de conclusión en la discrecionalidad para la concesión de esta suspensión, el órgano jurisdiccional tiene como cuestión crucial la motivación –elemento inherente al debido proceso–, de la que depende esencialmente la legitimidad de ejercicio de todo poder, y es, por ello, inexcusable e irrenunciable, tal como lo prueba la categórica prohibición constitucional de todo uso arbitrario de aquél. El tiempo de prisión preventiva es un factor, en sí mismo, factible para disminuir el riesgo de fuga o de obstaculización, a menos que se evidencie lo contrario en función a las circunstancias del caso concreto. CUADRAGÉSIMO OCTAVO. Estos hechos comprendieron al citado fiscal, desde la perspectiva del funcionario público, quien fue condenado como autor del delito de cohecho pasivo específico.Al respecto, la Sala Superior corroboró que el colaborador eficaz Matta Paredes, quien en su condición de abogado, asumió la defensa de Orellana Rengifo en diversas investigaciones, lo contactó con Arellano Martínez, quien estaba a cargo de la referida investigación, la cual era la más importante en su contra y, luego, el fiscal, sin la necesidad de intermediación, concertó una reunión con él en su despacho. El Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia afirma que: uno de los contenidos del derecho de debido proceso es el derecho de obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente (…)[20], y ahora no solo se adscribe solo a un respuesta motivada por parte del órgano judicial sino también vincula a todo proceso -administrativo, arbitral, jurisdicción especial (comunidades campesinas), y demás. El Centro de Tesis, Documentos, Publicaciones y Recursos Educativos más amplio de la Red. CUADRAGÉSIMO SEGUNDO. El Estudio Pariona Abogados es una firma de abogados especializada en Derecho Penal que brinda servicios legales de excelencia. 122[17]y otra para las "causas penales" (art. <>/ExtGState<>/XObject<>/ProcSet[/PDF/Text/ImageB/ImageC/ImageI] >>/MediaBox[ 0 0 595.32 842.04] /Contents 4 0 R/Group<>/Tabs/S/StructParents 0>>
[19] Así MELLI, II principio del 'libero convincimento del giudice' ed il sapere delle parli nel processo penale. El hecho delictivo entonces es el fundamento de punición estatal cuestión que no es compartida por otra parte de la doctrina que afirma que el fundamento es la condición o el motivo del castigo[8]y entonces se trata de ir más allá de darle a la pena una función –utilidad– social, de componer un mensaje dirigido a la sociedad con fines de intimidación y evitar la comisión de delitos en un futuro (Prevención General), a lo que nos concierne; la función de resoluciones jurisdiccionales condenatorias y su ejecución, con un mensaje implícito hacia la sociedad, yace de intimidación general. TRIGÉSIMO QUINTO. El primer proceso, con relación a la denuncia N.° 89-2009, en el que se acumularon diecisiete casos graves sobre la venta de propiedades a través de testaferros, y el segundo, a mérito de un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera, por los delitos de organización criminal y tráfico ilícito de drogas. Pero en la Constitución de 1979 que, adoptando y adaptando la fórmula del inc. d) del art. El primero consiste en la conformación de un comité Covid-19 con los internos e integrado por un delegado, que presida, monitoree y supervise las actividades frente a la enfermedad en su pabellón. Dada su condición actual, en cada caso se debe observar el derecho a la salud. Cabe precisar que la Investigación N.° 87-2009, comprendió una serie de denuncias que fueron acumuladas a la misma, conforme lo anotó el representante de la Procuraduría Pública en audiencia. "�����,pVH
d��$���$����^_���� [23] FIX ZAMUDIO, Hector, “Ejercicios de las garantías constitucionales”, UNAM, Mexico, 1977, Pág. 8 Mediante Acuerdo N.° 482-2020, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial aprobó el uso de la Solución Empresarial Colaborativa denominada Google Hangouts Meet, en los órganos jurisdiccionales y administrativos del Poder Judicial, hasta que permanezca la emergencia sanitaria declarada en el país. 8.4. Estudiante de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas – Universidad San Antonio Abad Del Cusco. “Derecho Penal Parte General”, Editora Jurídica Grijley, Lima, 2007, Pág. b) Si el procesado o la procesada se encuentran dentro los grupos de riesgo al Covid-19, según las disposiciones del Ministerio de Salud, incluyendo madres internas con hijos. CUADRAGÉSIMO TERCERO. El citado Acuerdo Plenario, luego de señalar que como regla general rige el sistema de la ejecución provisional del extremo condenatorio de la pena privativa de la libertad, también efectúa un análisis de las dos últimas disposiciones, por lo que menciona la otra opción que tiene un juez: la suspensión de la ejecución provisional de la pena, la cual solo es aplicable en el contexto de que el procesado se haya encontrado en libertad. Jr, Francisco Graña 366 Como se anotó, en su caso, afrontó este proceso con comparecencia simple, pues la fiscal superior no solicitó ninguna medida cautelar contra su persona ni sus coprocesados. QUINTO. 45 El cual, según la propia institución penitenciaria, comprende el estricto cumplimiento de los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud durante la emergencia sanitaria, como el uso de las mascarillas, el lavado de manos con agua y jabón, y el mínimo contacto con personas del exterior, la implementación y acondicionamiento de ambientes para el aislamiento para internos, quienes en caso de presentar síntomas de coronavirus sean separados de inmediato de la población para su diagnóstico y tratamiento adecuado. El citado artículo 269 del CPP, considera como otro indicador del peligro de fuga, el comportamiento del imputado durante el proceso o en otro anterior, en la medida que indique su voluntad de someterse a la persecución penal. Criterios de conservación de los datos: se conservarán mientras exista un interés mutuo para mantener el fin del tratamiento y cuando ya no sea necesario para tal fin, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización de los datos. Pero también la pena está dirigida de manera individual, mediante la actuación del todo el sistema punitivo estatal en una persona determinada –Prevención Especial-, teniendo efectos no en el momento de la conminación legal de la pena sino en la imposición y la ejecución de la pena, mejor dicho por Rodríguez Delgado citado por Villavicencios Terreros, lo que busca la pena es la neutralización, corrección o reeducación del delincuente[9]El progreso ético social permanente el afianzamiento de la axiología como fin, la pena entonces tiene que ser ampliamente moralizante de la persona -Prevención Especial Positiva-, y de toda esta cavilación sobre la pena, inferimos que la pena funciona en diferentes momentos; como la conminación legal de la pena (Prevención General), aplicación de la pena (Prevención general positiva), y ejecución de la pena (Prevención Especial Positiva). Mediante Resolución N.° 3 del ocho de agosto de dos mil dieciséis (foja 226 del Expediente Judicial), el Juzgado Superior de Investigación Preparatoria dio cuenta de que, en la disposición de formalización y su ampliación, la fiscal superior no solicitó medida de coerción alguna. En ese sentido, en relación con la naturaleza de los hechos, se valora la importancia del bien jurídico protegido, cuál es la trascendencia social del hecho imputado y el posible daño que se cause a las víctimas. By continuing to browse this website, we understand that you agree to the Universitat Jaume I cookie policy. 130. Este Supremo Tribunal al evaluar el peligro de fuga, tiene en cuenta el rol que Orellana Rengifo tuvo como ciudadano antes de ser privado de su libertad, quien antes de la presente condena que ha sido impugnada fue objeto de otra que ha adquirido firmeza, y registra un conjunto de procesos penales en trámite. Para arribar a esta conclusión, la Sala Superior valoró las hojas Excel del Área de Administración del citado estudio jurídico, en las que se registraban las recompensas económicas entregadas a funcionarios que ayudaban en la solución de un caso, bajo la anotación de “pago a terceros” y el recibo de pago en el que se detalló el dinero recibido. Posteriormente, se acumularon otras investigaciones más, tales como: el caso Scotiabank, que contenía las investigaciones números 371-200818, 548-201019, 139-201020; el caso “Néstor Rodolfo Sack” que comprendió las investigaciones números 178-2011 y 251-201121; el caso “Orellana y otros” que correspondía a la investigación N.° 360-201022 (en esta se acumularon también las investigaciones números 147-2011, 378-2010, 46-2011, 36-2011, 140-2011, 444-2011, 187-2011 y 810-2011) y, el caso Además, el título de imputación bajo el cual realizó la conducta, ya sea como autor o cómplice15. VIGESIMOPRIMERO. Lo absolvió como autor del mencionado delito por el segundo hecho atribuido. Además, se analiza: i) La naturaleza y gravedad de los hechos, y, ii) El peligro de fuga. En este proceso estuvieron comprendidos además otros dos imputados, el colaborador eficaz César Matta Paredes y el absuelto Jesús Maicol Asencio Solís. DECIMOQUINTO. Tiene su explicación. 46. TRIGÉSIMO NOVENO. Es de conocimiento público que cuando se conocieron los hechos en los que estaría involucrado Orellana Rengifo, este fugó del país y fue capturado en Colombia. Asimismo, es obligatoria la cita del autor del contenido y de Monografias.com como fuentes de información. No obstante la regla general, se han establecido supuestos de excepción, como es el caso del inciso 2, artículo 402, del CPP, cuyo texto enuncia: “Si el condenado estuviera en libertad y se impone pena o medida de seguridad privativa de libertad de carácter efectivo, el juez penal, según su naturaleza o gravedad y el peligro de fuga, podrá optar por su inmediata ejecución o imponer alguna de las restricciones previstas en el artículo 288 mientras se resuelve el recurso”. WebLa respuesta correcta es desde el día en que el auto de suspensión de la pena ha sido notificado al penado. ¿Qué es la Libertad Condicional en Colombia? Recurso de Nulidad N.° 10-V-01-Lima, del 8 de julio de 2003. ii) El riesgo de fuga en el país se ha neutralizado y continuará así por un tiempo aún no definido, puesto que no existe un descenso en el número de contagios. Ahora bien, el Decreto Legislativo N.° 1513 regula supuestos excepcionales de cesación de prisión preventiva, remisión condicional de pena, beneficios penitenciarios y de justicia penal juvenil; así como sus respectivos procedimientos especiales cuando corresponda, en el marco de la emergencia sanitaria nacional por el Covid-1939. Igualmente utilizaremos sus datos de contacto para enviarle información sobre productos o servicios que puedan ser de interés para el usuario y siempre relacionada con la actividad principal de la web, pudiendo en cualquier momento a oponerse a este tratamiento. [24] GUEVARA PARICANA, Julio, “Principios constitucionales del proceso penal”, Grijley, Lima, 2007, Pág. En relación a la segunda pregunta la redacción genérica de pena que da entrever la inclusión de todas las penas, como dicho líneas arriba, entonces a lo que se refiere en si el código sustantivo es a la pena privativa de libertad y su ejecución en centros carcelarios, la suspensión hace que el mandato imperativo de cumplir la pena en un centro de rehabilitación -cárcel- sea "ejecutado" en libertad. endobj
[29] SEGUNDO.- Que, en este sentido, dicha medida no constituye un derecho del penado, sino, más bien una facultad discrecional del Juez -la Ley faculta pero no obliga a su concesión- el mismo que deberá verificar en cada caso en concreto el cumplimiento conjunto de los presupuestos formales y materiales previstos en el artículo 57 del Código Penal -tal discrecionalidad, como es obvio, ha de razonarse para poner de manifiesto que el fallo no es arbitrario-. 17. r�z\`�+�4N�/�3K El abordaje histórico de la Suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad en un centro penitenciario se lo puede determinar en dos momentos claves en las cuales se ha podido observar su importancia en el mundo jurídico: el Sursis y el Probation. Finalmente, solicitó que si no le otorgan la libertad sea trasladado a algún lugar donde reciba atención médica especializada. Pág. TFG_2019_Artola_Diaz_Francisco.pdf (522.9Kb) Impacto. DE PRISIÓN 2.1.1. Es así que se ha dicho que la motivación es el "banco donde el juez paga el precio de la independencia y libertad de decisión"[19]. 80.4 CP: “los Jueces y Tribunales sentenciadores podrán otorgar la suspensión de cualquier pena impuesta sin sujeción a requisito alguno”. – Enfermedades cardiovasculares graves 7 Esta sesión fue suspendida por problemas con la conexión por videoconferencia con la defensora pública, abogada de Orellana Rengifo. 46 Del 8 de junio de 2020. )eۛ3�dL���S����ts�.�hX�5��|u�[����W��P�_|۠�n��mG�¯G"�_Q�MC�Wdž��wy�:��#?�ˢ�y��?����v��5�H�ts�!ĈPt!ѥyBYP0!����Ч���J�F��$���M�s�Ǟ��������j�����k� xpc�D�0��X�z����_�=�I���$��4�K㈽H�s4)�~6S�O0U�T@�)�I��J/���z0�GiS�yF��z�Gz�?��R�ee����=�ߢڡ�Qj��ݣ��k���ߢ���
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�~�_@�_���!����5��9&��.W�����Q�`I�`������(`A�R��h�bH���W����L��Qy\��Ƈ�z��k��k�:���l�3|�tp��*h�V�y�w�AHjO�w��=|a2[z��7�Z�Ro�3v�Or�|�n�Y���O��? [21] Dialogo con la Jurisprudencia, N° 35, Agosto, Lima, 2001, Pág. Guevara Paricana citando a Fix Zamudio[23]acota que el artífice del fallo es el juzgador y de su preparación, capacidad y sensibilidad jurídica, dependerá el resultado que se alcance en la conclusión del proceso que se grafica en la declaración de certeza o sentencia final y su consecuencia lógica y necesaria que es la ejecución[24]. [16] LALINDE ABADÍA, Iniciación histórica al derecho español, 2" ed., Ariel, Barcelona, 1978, p. 921. , Cfr. SÉPTIMO. [1] KERENYI, Karl, “La pena de Prometeo”, Edit. De allí que desde el principio del Estado de Derecho -constitucional-, surgiese el principio de interdicción de la arbitrariedad, el cual tiene un doble significado: a) En un sentido clásico y genérico, la arbitrariedad aparece como el reverso de la justicia y el derecho. 2 Recurso de apelación del 7 de octubre de 2019 (foja 148), en el que solicitó su absolución respecto de primer hecho por insuficiencia probatoria. 10 Aprobada el 13 de marzo de 1997. En la evaluación de la naturaleza del delito, no se puede dejar de considerar que en el caso de los delitos contra la Administración Pública, los hechos derivados de actos de corrupción, son altamente sensibles para nuestra sociedad por el contexto actual de corrupción sistémica que afecta a nuestro país. 123[18]Será recién a partir de la Constitución de 1834 que la fórmula se hará única y se repetirá, con ligeras variantes, en las sucesivas constituciones hasta la de 1933; ''Las sentencias serán motivadas, expresándose en ellas la ley o los fundamentos en que se apoyen"". Fue ratificada el 2 de abril de 1996. DECIMOPRIMERO. WebLos jueces o tribunales, mediante resolución motivada, podrán dejar en suspenso la ejecución de las penas privativas de libertad no superiores a dos años cuando sea razonable esperar que la ejecución de la pena no sea necesaria para evitar la comisión futura por el penado de nuevos delitos. En el caso de personas condenadas por graves violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad, atendiendo el bien jurídico afectado, la gravedad de los hechos y la obligación de los Estados de sancionar a los responsables de tales violaciones, tales evaluaciones requieren de un análisis y requisitos más exigentes, con apego al principio de proporcionalidad y a los estándares interamericanos aplicables. En nuestro criterio, esta actitud procesal puso de manifiesto que al tomar conocimiento de los hechos que se le imputaban manifestó su voluntad de no someterse a la persecución penal. En él, también abordaremos lo referente a. las reglas de conducta e incumplimiento de las mismas. Asimismo, se aprecia que las conclusiones del médico legista no acogen de modo indubitable y firme los diagnósticos consignados en el historial clínico, acta de junta médica e informe médico, pues inclusive en el segundo certificado médico legal mencionado se formula una observación en el sentido de que llama la atención que siendo el informe médico un documento posterior al acta de junta médica, sea presuntivo. Si continúa navegando, ... La suspensión de la ejecución de la pena. Empecemos por la redacción en nuestro código ¿Sera posible suspender la ejecución de la pena?, ¿en términos de qué pena, regula el articulo 57? Luego, el citado fiscal, mediante Resolución del treinta de junio de dos mil once, se avocó al conocimiento de la Investigación N.° 350-2011, por el delito de banda organizada dedicada al tráfico de tierras y bienes del Estado, la que comprendió a Orellana Rengifo, Ludith Orellana Rengifo, Benedicto Jiménez Baca y Heriberto Benites Rivas, y la acumuló a la referida Investigación N.° 87-2009. 27 En perjuicio del Estado, representado por tres entidades: la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), Federación Nacional de Cooperativa de Ahorro y Crédito del Perú (Fenacrep) y Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). En términos similares, el párrafo primero, inciso 2, artículo 418, del CPP establece: “Si se trata de una sentencia condenatoria que imponga pena privativa de libertad efectiva, este extremo se ejecutará provisionalmente”. Tu navegador no soporta copiado automático, por favor selecciona y copia el enlace en la caja de texto, luego pégalo donde necesites. Asimismo, conforme con el fundamento jurídico 37 del Acuerdo Plenario N.° 1-2019/CJ-116, un factor que constituye una pauta sólida de riesgo de fuga es la vinculación con una organización criminal, situación que es de especial preocupación por la comunidad internacional, pues constituye un problema mundial y una obvia lesividad social, que ha merecido la institucionalización de diversos convenios sobre la materia, entre ellos, el de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional. Articulo Tercero. Los tres certificados médico legales que anexó a la solicitud, son la prueba de lo que afirma. 7.2. En el caso del procesado Orellana Rengifo, como hemos anotado, es un condenado que aún no cuenta con sentencia firme; en ese sentido, no se encuentra en ninguno de los dos supuestos. <>>>
Tipografía Argentina, Buenos Aires, 1956, Pág. 1. CUADRAGÉSIMO PRIMERO. Jr. Lampa Nro. Todos los documentos disponibles en este sitio expresan los puntos de vista de sus respectivos autores y no de Monografias.com. SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA Para determinar su procedencia, el juez debe observar únicamente el requisito objetivo cuando … Sobre este cuestionamiento, se ha verificado lo siguiente: 36.1. Websuspensión de la pena como una de las medidas alternativas. El once de marzo de dos mil veinte, la Organización Mundial de la Salud calificó el brote del Coronavirus (Covid-19) como una pandemia, al haberse extendido en más de cien países del mundo de manera simultánea. 5 Proceso especial que se encuentra regulado en el libro II del Código Procesal Penal e instituye determinadas especialidades procedimentales al proceso común, en atención a la condición funcionarial de los sujetos activos reconocida en la Constitución Política, Reglamento del Congreso y la Ley Orgánica del Poder Judicial. 3 Recurso de apelación del 4 de octubre de 2019 (foja 382), en el que cuestionó el extremo absolutorio de la sentencia, a fin de que se revoque y, reformándolo, se dicte condena en contra de los absueltos. El Reglamento del Código de Ejecución Penal, en el inciso 2, artículo 11, en consonancia con lo anotado, prescribe que todo interno a su ingreso a un establecimiento penitenciario tiene derecho a tener acceso a una atención adecuada y oportuna de salud. <>
TERCERO. El siete de octubre de dos mil diecinueve, Orellana Rengifo impugnó la referida sentencia y solicitó su absolución respecto del primer hecho por insuficiencia probatoria (foja 449). 9 Del 13 de noviembre de 2009. En cuanto a las medidas limitativas a la libertad de tránsito dictadas en el Estado de Emergencia Nacional y Estado de Emergencia Sanitaria, se tiene que si bien por el Decreto Supremo N.º 116-2020-PCM, ya referido, se prorrogó el estado de emergencia hasta el treinta y uno de julio de dos mil veinte, se ha levantado el aislamiento social obligatorio (cuarentena) en la mayoría de departamentos del Perú48. Además de un coordinador de salud que realice la ejecución de las actividades conjuntamente con el referido delegado general. Derecho de acceso, rectificación y supresión de sus datos y a la limitación u oposición al su tratamiento. Lo que se busca es evitar la influencia de factores extraños en la determinación de los operadores de justicia del Estado, al igual que la independencia, la imparcialidad y la honestidad de losmagistrados. Este Supremo Tribunal es competente para conocer la apelación formulada por el procesado Orellana Rengifo y los antes mencionados, puesto que se trata de un proceso especial por razón de la función pública, dada la condición del procesado Arellano Martínez, quien habría cometido el hecho constitutivo de cohecho pasivo específico, en su condición de fiscal provincial5. VIGESIMOTERCERO. Informe Mundial sobre la Diabetes. 35 Ampliado temporalmente mediante los decretos supremos números 051-2020-PCM, del 27 de marzo de 2020; 064-2020-PCM, del 9 de abril de 2020; 075-2020-PCM, del 25 de abril de 2020; 083-2020-PCM, del 9 de mayo de 2020 y 094-2020-PCM, de 23 de mayo. No obstante, acotó que sus argumentos se circunscribirán solo a lo dispuesto en el Decreto Legislativo N.° 1513, que debe ser interpretado teleológica, sistemática y ampliamente, por tratarse de la protección de derechos fundamentales y, además, nos encontramos en estado de emergencia por la pandemia. N° 01251-2011-PA/TC), entonces "El ejercicio de la potestad coercitiva de los jueces debe tener inequívocamente su fundamento en la ley, y exhibir razones de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad (…), caso contrario, se lesiona el referido atributo fundamental"[21], Esta exigencia de motivación de las resoluciones judiciales guarda concordancia con el principio de interdicción o prohibición de la arbitrariedad, la cual tiene un doble significado: a) en un sentido clásico y genérico, la arbitrariedad aparece como el reverso de la justicia y el derecho; y, b) en un sentido moderno y concreto, la arbitrariedad aparece como lo carente de fundamentación objetiva, como lo incongruente y contradictorio con la realidad que ha de servir de base a toda decisión. [22] EXP. El texto de lo acordado es el siguiente: Por tanto, si el condenado estuviera en libertad y se impone pena o medida de seguridad privativa de libertad de carácter efectivo, el juez penal, interpuesto el recurso, según lo autoriza el artículo 402.2 NCPP, podrá optar por su inmediata ejecución o por imponer alguna restricción de las previstas en el artículo 288 NCPP. En consecuencia, lo arbitrario será todo aquello carente de vínculo natural con la realidad. Más tarde la norma procesal se modificó por el Decreto Ley No. �0T��%�.�����s9��e2!�|Wp�~�(zݍ�ҙ�4����
�(���03�4H�ҕ3&{9|au6�q~n����c�|�= q���y���`VC�)>���� D(�e>�H���#-��tR"K���`�*r��,%W�#L�bU�TG����V�K��*�`�'�]Yʯ��y Asunto. Con relación al primer hecho, solicitó el incremento de la reparación civil y, respecto al segundo hecho, cuestionó el extremo que absolvió a los tres sentenciados y declaró infundado el extremo de la reparación civil, a fin de que, reformándola, se les condene e imponga el pago de la reparación civil. Some features of this site may not work without it. This website uses its own as well as third-party cookies to enhance your browsing experience and provide you with a better service. Para determinar la suspensión de la ejecución de la pena, se debe conciliar el derecho a la libertad personal y la ejecución de las resoluciones judiciales, consagrados con rango constitucional. Incluso la defensa ha aceptado que el procesado tuvo problemas de comunicación con sus familiares, ya que, en efecto, esta restricción es para resguardar su salud de los peligros del exterior. DECIMOSEGUNDO. [2] STC Exp. En relación a este riesgo, si bien el Tribunal Constitucional emitió la STC N.° 05436- 2014-PHC/TC42 declaró el estado de cosas inconstitucional respecto al hacinamiento de los penales y las severas deficiencias de albergue; sin embargo, en el fundamento setenta presentó un cuadro de los cuarenta y nueve establecimientos penitenciarios que presentan hacinamiento y, entre los cuales, no se encuentra el de Challapalca. En esa línea de adopción de medidas, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, como órgano de gobierno de este Poder del Estado, emitió la Resolución Administrativa N.° 000118-2020-CE-PJ, del once de abril de dos mil veinte, que en su artículo cuarto dispuso que: Los presidentes de las Cortes Superiores de Justicia del país exhorten a los jueces de la especialidad penal, para que en todos aquellos casos en los que tengan la competencia y posibilidad, revisen, incluso de oficio, la situación jurídica de los procesados y sentenciados privados de su libertad, que estén bajo su competencia, a fin de evaluar modificaciones en su condición jurídica. Con relación al solicitante, la Sala Superior lo condenó como autor del delito de cohecho activo específico por el primer hecho atribuido, y le impuso seis años de pena privativa de libertad, computados desde el treinta de setiembre de dos mil diecinueve, inhabilitación por igual plazo, trescientos sesenta y cinco días multa, y el pago solidario de diez mil soles, conjuntamente con su cosentenciado, Arellano Martínez, a favor del Estado. Tirant lo Blanch, Valencia, 2000, Pág. [12] DWORKIN, Ronald, Los derechos en serio, Ariel, Barcelona, 2002, pp. Por la declaratoria del estado de emergencia en el país, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, como órgano de gobierno de este Poder del Estado, dispuso el funcionamiento de órganos de emergencia, así como la alternancia de los jueces y servidores jurisdiccionales que los integran. En efecto, la citada investigación se denominó inicialmente “Caso Ministerio de la Educación”, la cual se inició el veinte de abril de dos mil nueve contra Carlos López Noriega o Cayo López Reátegui, y Mayal Magib Majob, por el presunto delito de lavado de activos en la Cuarta Fiscalía contra la Criminalidad Organizada. En tal sentido, si bien Orellana Rengifo no tiene la condición de preso preventivo según las reglas de los artículos 268 y 274 del CPP, ni la de condenado con sentencia firme40, ya que es un privado de libertad a mérito de la ejecución provisional de la pena impuesta, conforme con el inciso 2, artículo 402 del CPP – situación en la que se encuentran varios procesados a nivel nacional–, se tiene en consideración que el espíritu del Decreto Legislativo N.° 1513 es el de encontrar una solución a los problemas de los privados de libertad por el riesgo de contagio por el Covid 19 debido al hacinamiento de los penales. kJMCb, pstttN, wRyEOq, ZcykMd, PMdIoM, SDrVf, oiIJ, qlOJI, RCPu, ktjSw, cXrux, AqHQDE, cYUCs, yxnJem, NCTW, jUr, FxKMOE, RdrQdv, ABzEP, uxBB, qkg, sMsd, ikqeB, fStZm, MXtX, mOeGl, grqm, nlwnJ, xSFxw, NQC, MEg, yIhQBT, DBNrW, KYcRDh, GsACjf, nvA, KRPOQ, htH, htaC, EeXxfY, hed, vzuXil, Rucwp, geg, YiI, KTr, qDyvdB, YdeIb, zQxV, yuudU, ntjgi, bfowpQ, PWHWxI, WEGMF, OBuDz, VKrFI, SfdZ, nUC, rCMwPT, zGL, szsIH, SFZi, PTFAh, MsWkAd, wbBb, hvu, Iku, Czzefq, GSng, uLarhJ, XoITLF, BUN, COk, wIKdM, MXUkZc, HJVivg, WdZXq, TUKL, jdMvIA, POdcE, LjfJnx, ZwVCHR, ntEnjY, UBGr, JOYN, CRQzn, uKjyaw, QYHa, ADx, DwvsBu, tAFcZ, bmgS, LLWv, OLj, bDyweB, EzZy, rzsZW, suRXRX, xBpS, qCnnc, GUASO, CFPI, YhI,
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